¿Es factible el Crowdsourcing de leyes?

Se está notando en los últimos tiempos un interés creciente por el Crowdsourcing como método participativo para implicar a los ciudadanos en los procesos de decisiones políticas. Es una forma de experimentar con algunos principios de la Democracia Directa, y también de adaptar estrategias de Innovación Abierta al sector público.

En la edición anterior de la Collective Intelligence Conference (MIT, 2014) me quedé algo frustrado por la ausencia repentina de Hélène Landemore, que sigo desde hace tiempo por sus investigaciones sobre inteligencia/sabiduría colectiva y democracia post-representativa. Ella es la autora de un libro estupendo:  “Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many”, y de artículos reveladores como: “Why the Many Are Smarter than the Few and Why It Matters” o “An epistemic argument for the random selection of representatives”.

En esta edición de 2015 tampoco ha venido, pero tuve la oportunidad de conocer personalmente a Tanja Aitamurto, de la Universidad de Stanford, que es una estrecha colaboradora de Landemore, y de quien también había leído varios papers. Tanja,  además de ser una finesa encantadora, es experta en procesos de Crowdsourcing para el diseño de políticas públicas, que fue el tema que trató en su ponencia de ayer. Hemos quedado en hacerle una entrevista más tranquila, que espero poder publicar pronto en este blog.

Por completar el trío de mujeres de referencia en este ámbito, habría que mencionar también a Beth Noveck, que participó en la Conferencia del año pasado. Ella es la fundadora de GovLab, y autora de un libro muy conocido sobre el tema: “Wiki Government: How Technology Can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful”. Aquí tienes una reseña del libro escrita por la propia autora y un vídeo-TED donde comparte su visión sobre el gobierno abierto.

En este marco se inserta una innovadora experiencia promovida por el Ministerio de Medio Ambiente de Finlandia de impulsar un proceso legislativo de reforma de una ley de Tráfico (“Off-Road Traffic Act”) utilizando mecanismos de Crowdsourcing (CS), o sea, abriendo la consulta a los ciudadanos sobre cómo debía ser la nueva normativa que regula, por ejemplo, la circulación de las motos de nieve y vehículos todo terreno por rutas no convencionales.

Ando mosca últimamente con la ambigüedad terminológica (a veces interesada) que existe en este mundillo, como ya expliqué hace poco en este post: ¿Por qué le llaman Inteligencia Colectiva si es Crowdsourcing? Así que antes de seguir, quiero diferenciar muy bien los procesos de Crowdsourcing de los P2P o “producción entre iguales”. En los primeros, las tareas que tienen que realizar los participantes están claramente definidas según un diseño o arquitectura predeterminada por el convocante, que define unas reglas y unos plazos para ejecutar las tareas. En los proyectos P2P, sin embargo, todo está más abierto y la hoja de ruta se va acordando sobre la marcha entre los participantes. Digo esto para que se entienda que cuando hablamos de Crowdsourcing en el sector público nos referimos a un proceso diseñado y dirigido por una entidad gubernamental, en este caso un Ministerio, lo que contribuye a que haya unas pautas, un orden y una estructura predefinida, en cuyo diseño no han intervenido directamente los ciudadanos. Esto para mí constituye una limitación de base, pero también es justo reconocer el avance que significa de por sí la creación de espacios de este tipo, teniendo en cuenta lo poco que se hace en la actualidad.

Como premisa básica, para que un proyecto de CS en la toma de decisiones políticas pueda tacharse de exitoso debe cumplir, al menos, dos condiciones:

• Legitimidad del proceso: Implicar a un porcentaje significativo de ciudadanos con una participación relativamente activa.
• Eficacia de los resultados: Generar conocimiento e información útil para mejorar las decisiones en el ámbito público.

A partir de la experiencia de Finlandia, Aitamurto y Landemore identificaron cinco “principios de diseño” en los procesos de Crowdsourcing político que según ellas permiten satisfacer las dos condiciones anteriores. Los explico a continuación:

1.- Inclusión:

Un principio básico es la inclusión, o sea, facilitar la igualdad de oportunidades para que cualquier ciudadano pueda participar. Sin esa premisa, el proceso pierde legitimidad. Esto en términos práctico significa: a) evitar barreras terminológicas o idiomáticas, b) utilizar un lenguaje sencillo y asequible a no-expertos, c) darle publicidad por todos los canales posibles, incluido los tradicionales, d) bajas barreras tecnológicas a la participación, o sea, que la plataforma de CS sea inclusiva, con buena usabilidad y accesible desde cualquier dispositivo y sistema operativo.

2.- Transparencia:

El sistema debe proporcionar información abierta, transparente y continuada de todo el proceso, tanto horizontal (flujos de conversación y debate entre los usuarios) como vertical (desde el gobierno como entidad gestora del proyecto a los participantes). Cualquier señal de opacidad, de que se ocultan datos relevantes, tiende a generar descrédito y desconfianza, lo que sin duda va a castigar los niveles de participación. A más abiertos estén los datos, menos riesgos de que se manipulen, porque la vigilancia se puede distribuir entre los participantes.

3.- Rendición de cuentas:

Los gestores/convocantes públicos deben asegurar mecanismos para responder de forma sistemática a las preguntas y cuestiones que planteen los ciudadanos como parte del proceso de consultas. Esto significa que tiene que haber un diálogo fluido en las dos direcciones, un “deber de respuesta” (accountability) en lugar de limitarse a ser un simple repositorio para recoger ideas, que nadie sabe bien qué se hará con ellas. La plataforma de CS debe permitir una rápida retroalimentación de las decisiones que piensa tomar el gobierno como respuesta a la reflexión colectiva. Cuenta Aitamurto que en el caso de Finlandia, el grado de rendición de cuentas fue decayendo con el tiempo porque después de que la multitud facilitó toda la información y terminó la fase de recogida de ideas, las autoridades públicas descuidaron la comunicación con los participantes, como si no importara ya el “Crowd” una vez que se ha extraído valor de él.

4.- Modularidad y estructura:

El proceso hay que dividirlo en una secuencia de tareas, bien estructuradas, para que un itinerario largo de formulación de políticas permita la participación en cualquiera de las fases. Al reducir el tamaño de las tareas, se bajan las barreras a la entrada. Una buena modularidad ayuda a la accesibilidad (y la inclusión) porque la gente puede incorporarse en cualquiera de los múltiples puntos de entrada del itinerario con niveles de implicación muy diversos según su disponibilidad. Por ejemplo, el proceso de reforma de una ley se divide en varios módulos, y en cada uno de ellos se proponen preguntas y desafíos concretos, clasificados por categorías. Que haya una estructura ordenada es imprescindible para fomentar la deliberación en torno a un intercambio coherente de argumentos.

5.- Síntesis

Hay momentos críticos del proceso donde hace falta recopilar, resumir y compartir los avances de un modo ordenado. La plataforma de CS debe facilitar resultados resumidos en cada fase y ayudar así a la retroalimentación. Estas funcionalidades incluyen la posibilidad de taggear palabras clave, mostrar los apoyos positivos y negativos a las ideas, o detectar los contenidos duplicados. En el caso finlandés, la plataforma de CS no permitió la síntesis estructurada de la información generada. Las entradas aparecían como un conjunto fragmentado de ideas y de hilos de comentarios. Se hizo difícil seguir los argumentos y la formación de la opinión. Además, no aparecían separados los argumentos a favor y en contra para cada propuesta, lo que hacía más difícil seguir una conversación. Todo el proceso de síntesis se hizo por investigadores de forma manual, sin transparencia, lo que según Aitamurto, planteó limitaciones a la integridad del proceso.

Estos principios de diseño no sólo tienen un valor intrínseco (“hacer lo correcto”) desde el punto de vista de la legitimidad democrática, sino también un valor instrumental (“son útiles”), porque mejoran la calidad de las decisiones políticas y legislativas. Y por mucho que se critique, con razón, que en los procesos de Crowdsourcing suele darse un sesgo en la muestra de participantes (por razones relacionadas con la brecha digital), la reflexión que uno se hace es si, con todos sus defectos, no es más inclusivo que el procedimiento legislativo tradicional en el que solo participan en la redacción de la ley un puñado de funcionarios y grupos de lobbies.

Por lo pronto hay evidencias de que la implicación radical de la ciudadanía tiene el potencial de cambiar la agenda política si se compara con el enfoque clásico y elitista basado en expertos de puertas para adentro. Gracias a estos procesos abiertos, aumenta la diversidad de puntos de vista, y con ello afloran temas y prioridades que hasta ese momento no habían sido tenidas en cuenta por la clase política profesional.

Lógicamente, cabe recordar que esto tiene sentido sólo si las instituciones públicas que convocan las iniciativas de CS demuestran una voluntad genuina de creer en la participación, en vez de hacerlo como una mera estrategia de imagen o “postureo participativo”.

Tanto Beth Noveck, como Hélène Landemore y Tanja Aitamurto, defienden la idea de reinventar los órganos de gobernanza abriendo las instituciones públicas a la participación ciudadana. Están convencidas, como yo, que ese es el camino para aportar legitimidad a los procesos democráticos y más eficacia en la gestión pública. El objetivo está claro, pero cómo conseguirlo no tanto. Se va avanzando, pero su plasmación práctica u operativa sigue planteando desafíos importantes todavía no resueltos. Seguiremos investigando y dando la lata con el tema 🙂

Nota: La imagen del post pertenece al album de Ralph Appelt en Flickr